La Cámara de Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión investigadora que se encargará de reunir antecedentes sobre la fiscalización ejercida por el Estado hacia las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entre los años 2018 y 2026. Esta trascendental decisión fue tomada por unanimidad durante la sesión del lunes, tras la solicitud de 65 parlamentarios, lo que refleja una preocupación generalizada respecto al funcionamiento y la supervisión de estas instituciones que manejan el ahorro previsional de millones de chilenos.
El presidente de la Cámara, Jorge Alesandri, explicó que la nueva comisión especial tendrá la responsabilidad de recopilar información relativa a las acciones del gobierno, específicamente del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y de otros organismos competentes en el ámbito de la fiscalización de las AFP. Esta investigación se centrará en el análisis del ejercicio de funciones de las administradoras de fondos de pensiones durante el periodo señalado, con el objetivo de esclarecer posibles irregularidades o deficiencias en el control de estas entidades.
Uno de los contextos que ha motivado esta investigación es la reciente caída en la rentabilidad de los fondos más conservadores. Estos fondos, que son preferidos por personas cercanas a la edad de jubilación, han sufrido pérdidas significativas, siendo el Fondo E, el más conservador, el que más ha impactado con una baja del 4,92% en septiembre y un acumulado de caída del 10,39% en términos reales en lo que va del año. Este escenario ha generado alarma entre los afiliados y ha puesto en la mira la capacidad de las AFP para gestionar los recursos de pensiones de manera segura y eficaz.
En la misma sesión legislativa, el parlamentario del Partido Comunista (PC), Luis Cuello, reveló que el 20 de octubre se presentó una moción que busca crear un proyecto de ley destinado a compensar a los afiliados perjudicados por la depreciación de los fondos más conservadores. Esta iniciativa resalta la necesidad de abordar de manera urgente el bienestar de los pensionados, quienes son los más vulnerables ante las fluctuaciones del mercado y la gestión de las AFP, y evidencia la creciente presión de la oposición para encontrar soluciones rápidas a la crisis de los fondos de pensión.
La comisión investigadora deberá presentar su informe final en un plazo no superior a 60 días, lo que marcará el inicio de un análisis exhaustivo sobre la situación actual y la fiscalización de las AFP. Este proceso no solo buscará poner claridad sobre las acciones del gobierno en relación a la supervisión de los fondos de pensión, sino también aportar propuestas que fortalezcan la protección de los derechos de los afiliados, en un contexto donde la estabilidad financiera de los jubilados es más crucial que nunca.







