La controversia en el interior del oficialismo chileno ha alcanzado un nuevo clímax con la reciente rebaja de penas por delitos sexuales, desatando una serie de fricciones entre los líderes políticos. La situación en La Moneda, bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, se complicó tras la firma de decretos por parte del Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat, los cuales favorecieron a 56 condenados por abusos y violaciones a menores. Este hecho ha traído consigo críticas, tanto desde fuera como desde dentro de la coalición de gobierno, evidenciando una falta de consenso y coordinación en la gestión de temas sensibles.
Las tensiones se hicieron evidentes tras un cruce de declaraciones entre los senadores Arturo Squella de los republicanos y Luciano Cruz-Coke de Evópoli. La disputa se encendió cuando Hernán Larraín, exministro de Justicia durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionó el criterio usado por Rabat, señalando que la ley de rebaja de penas, aprobada en 2022, especificaba que no aplicaba a condenados por delitos de abuso o violación a menores. Esta alusión a la falta de claridad legal ha sido vista como un ataque hacia el actual gobierno y sus funcionarios, poniendo en el centro de la controversia la gestión de la justicia en el país.
Squella no dudó en desafiar a Larraín en redes sociales, cuestionando la eficacia de la legislación vigente en la prevención de delitos graves. Su comentario, cargado de ironía, buscó resaltar la ineficacia de las medidas promulgadas en el pasado en contextos de crisis, como el caso del infame Paul Schafer. Por otro lado, Cruz-Coke defendió con fuerza a Larraín, sugiriendo que el líder republicano debería ser más cauteloso en sus palabras y acciones. Esta rencilla interna pone de manifiesto la debilidad del oficialismo, al exhibir diferencias significativas entre sus principales figuras.
En medio de este tira y afloja, el Presidente Kast se ha visto obligado a intervenir para apoyar a Rabat y minimizar las posibilidades de su remoción. En una comunicación oficial, el gobierno ha asegurado que no se emitirán más decretos de rebaja de condenas en el futuro, aunque reconoció la difícil tarea de revertir los beneficios ya otorgados a los condenados. Este posicionamiento busca estabilizar la situación, pero también pone de relieve las limitaciones del Ejecutivo ante un asunto tan delicado como la seguridad infantil y la lucha contra la impunidad.
La crisis por la rebaja de penas refleja no solo un desacuerdo sobre la política de justicia en el gobierno de Kast, sino también una lucha interna por el liderazgo dentro de la coalición oficialista. Con la opinión pública cada vez más exigente en cuanto a la seguridad y el respeto por los derechos de los menores, la presión sobre el Ejecutivo se intensifica. Los fracasos y desavenencias en la implementación de políticas efectivas continúan generando incertidumbre, lo que podría tener repercusiones en el futuro político del oficialismo y en su capacidad para cumplir con las expectativas de sus electores.
