El ministro de Justicia de Chile, Fernando Rabat, ha sido el centro de atención en un reciente escándalo político tras la revelación de que se han rebajado las penas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. Durante una entrevista en Meganoticias Prime, Rabat declaró que el Presidente José Antonio Kast «no estaba en conocimiento» de estas resoluciones, lo que ha generado aún más polémica en torno a la decisión de su cartera. Según el ministro, estas decisiones son únicamente competencia del Ministerio de Justicia y no del Presidente de la República.
Rabat explicó que la frase «por orden del Presidente de la República» incluida en los documentos de indulto es un tecnicismo relacionado con la delegación de facultades administrativas y no implica que el presidente haya estado involucrado en las decisiones específicas. Esto ha llevado a muchos críticos a cuestionar la transparencia del proceso y si realmente existían suficientes salvaguardias para proteger a las víctimas durante las revisiones de condenas.
Respecto a la situación actual de los condenados, el ministro reveló que, según su estimación, «la gran mayoría ya habría recuperado su libertad». Esta afirmación es inquietante, ya que implica que muchos de estos individuos, que fueron condenados por delitos graves, han sido reincorporados a la sociedad sin el debido aviso o consulta a las víctimas de sus crímenes. La falta de claridad sobre el número exacto de liberaciones ha suscitado preocupación, tanto en la opinión pública como en sectores políticos que exigen mayor rendición de cuentas.
Por otro lado, Rabat abordó la pregunta sobre el derecho de las víctimas a ser informadas sobre las rebajas de penas, indicando que actualmente, la ley no requiere tal notificación. Sin embargo, el ministro se comprometió a apoyar una reforma que permita al juez de garantía informar a las víctimas sobre las decisiones que les afectan directamente. Esta medida, que ha sido promovida desde abril, busca mejorar el proceso y garantizar que las víctimas tengan una voz en este tipo de decisiones.
En sus declaraciones, Rabat reafirmó su compromiso de aplicar las normas vigentes en el país y, al mismo tiempo, defendió su postura de no retrasar problemas a otros niveles del sistema judicial. A través de su análisis jurídico, el ministro continúa gestionando los casos según lo que las leyes permiten, aunque su afirmación de no tener solicitudes pendientes de esta naturaleza deja abierta la posibilidad de que se sigan otorgando beneficios a condenados mientras la legislación no cambie.
