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Beneficios a condenados por delitos sexuales: ¿Qué dice Paulina Núñez?

Este jueves, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llegó a La Moneda para sostener una reunión con el nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas. Este encuentro se enmarca dentro de un esfuerzo por reforzar la estrategia comunicacional del gobierno del presidente José Antonio Kast. La cita fue catalogada por Núñez como fundamental, no solo para fortalecer la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino también para tratar temas críticos de la agenda nacional.

Durante la reunión, Núñez destacó la importancia del papel que desempeñará Arenas en la difusión de la gestión gubernamental. La senadora subrayó su determinación de abandonar la polémica relacionada con los beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales, especialmente a la luz de una reciente decisión del Ministerio de Justicia de rebajar penas a ciertos sentenciados. Este asunto ha generado un intenso debate, sobre todo por el impacto que estas decisiones tienen en las víctimas de los crímenes y en la percepción social de la justicia.

La senadora fue categórica en su rechazo a cualquier forma de beneficio para quienes han sido condenados por crímenes sexuales, argumentando que tales medidas son inaceptables cuando las víctimas son frecuentemente niños y mujeres. «Es fundamental que eliminemos estos beneficios y enviemos un mensaje claro a la sociedad», afirmó. Como respuesta a esta problemática, Núñez ha presentado un proyecto de ley que busca abolir las excepciones actuales permitidas por la legislación, una iniciativa que busca un respaldo transversal y solidificado entre los legisladores.

Al ser consultada sobre la responsabilidad del Ministerio de Justicia en la creación de estas excepciones, Núñez se mostró firme, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Reveló que había enviado un oficio al ministro de Justicia, Luis Rabat, solicitando detalles sobre la justificación de las rebajas en las penas. La senadora insistió en la necesidad de una revisión exhaustiva de la legislación vigente para prevenir futuros errores y asegurar la protección de las víctimas de delitos sexuales.

«Modificar rápidamente esa legislación es la prioridad», enfatizó Núñez, quien también reafirmó que este tipo de beneficios no pueden depender de la administración de turno o del criterio de ningún ministro. Un cambio legislativo es necesario para dar certezas y protección a las víctimas y evitar que situaciones como esta se repitan. La reunión con Arenas se convierte, en este contexto, en una plataforma importante desde donde se puede iniciar un diálogo serio y constructivo sobre la necesaria reforma de la normativa relacionada con delitos sexuales en Chile.

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