El Frente Amplio (FA) ha expresado su firme rechazo a la reforma propuesta por el gobierno de José Antonio Kast al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), argumentando que este proyecto tiene como objetivo anular las garantías fundamentales de las personas. Durante una sesión de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la necesidad de modificar el INDH, pero recibió críticas contundentes de la oposición que señalan que esta iniciativa es una manifestación de una convicción ideológica profunda que busca desmantelar la defensa de los derechos humanos en Chile.
La posición del Frente Amplio queda reflejada en un comunicado extenso donde se afirma que la visión del gobierno y sus aliados considera la defensa de los derechos humanos no como una prioridad estatal, sino como un obstáculo para el ejercicio del poder. Este enfoque, según el FA, convierte al Estado en un ente que expande su margen de coacción mientras abandona su compromiso de proteger a la ciudadanía, mostrando así un rostro autoritario que pretende erosionar las garantías de protección para las personas.
Uno de los puntos más críticos del proyecto de reforma es la propuesta de eliminar la facultad del INDH para presentar querellas criminales, lo que, según el FA, es un golpe contundente contra las herramientas esenciales para la investigación y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a sus derechos. La reducción del número de integrantes del consejo del INDH, así como los recortes presupuestarios y la disminución de personal, especialmente en regiones, amenazan la autonomía y capacidad de fiscalización del organismo, según el análisis realizado por la oposición.
El Frente Amplio también se ha recordado que el INDH fue creado como resultado del Informe Rettig y de un consenso amplio en la sociedad tras la dictadura. Por lo tanto, la reforma presentada por el gobierno es considerada no solo como un ataque a una institución vital, sino como una propuesta que carece de viabilidad democrática e institucional. En contraste, mencionan que durante el gobierno de Gabriel Boric se trabajó de forma transversal para lograr reformas al INDH que fueran consensuadas y respaldadas por todos los sectores políticos, algo que ahora se ve amenazado.
Finalmente, el FA ha hecho un llamado a la acción a diversas instancias. Exigen al gobierno que retire la urgencia del proyecto y se comprometa a un diálogo auténtico con las organizaciones de derechos humanos, así como a los parlamentarios a que rechacen esta iniciativa autoritaria. Asimismo, invitan a la ciudadanía a involucrarse en el debate legislativo y a hacer sentir su voz, así como a organismos internacionales a evaluar si esta propuesta respeta o vulnera los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por Chile.
