En una reciente entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la abogada Marisol Peña, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, expresó su valoración positiva sobre la reforma en seguridad presentada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Esta propuesta fue el resultado de un trabajo conjunto con senadores de diferentes sectores, que llevó a la creación de un texto alternativo a la iniciativa original presentada por el Ejecutivo.
La nueva propuesta, impulsada por los senadores Andrés Longton, Arturo Squella y Pedro Araya, cuenta también con el respaldo de otros parlamentarios como Karim Bianchi e Iván Flores. Según Peña, este enfoque revisado debería considerarse un avance, ya que se limita a intervenir solamente tres normas constitucionales, en contraste con el proyecto inicial que pretendía modificar hasta ocho artículos. La abogada destacó que este enfoque más restringido se fundamenta de manera más sólida y aborda las críticas que habían surgido previamente.
Peña también manifestó que el surgimiento de una nueva iniciativa tras un diálogo abierto no debe ser visto como un fracaso. En sus palabras, este tipo de conversaciones son esenciales para el fortalecimiento de la democracia. «La reforma ha permitido lo que debiera ocurrir en democracia: una conversación y un diálogo para perfeccionar las iniciativas legislativas. Aspiro a que en el Congreso Nacional se tramiten proyectos que generen el mayor consenso posible», afirmó.
Una de las características claves de la nueva reforma es que permitirá al Presidente de la República decretar un estado de excepción ante amenazas potenciales a la seguridad nacional. Frente a esto, Peña expresó su inquietud sobre la ampliación de las causales para declarar un estado de emergencia, resaltando que la introducción de la noción de «peligro» o «amenaza» puede ser problemática. A su juicio, esto cambia la lógica habitual en los estados de excepción, ya que podría llevarse a cabo sin que una amenaza concreta se haya materializado.
Finalmente, la abogada advirtió que esta innovación podría centrar gran parte de las preocupaciones durante el debate parlamentario, dado que la implementación de un estado de excepción impacta directamente en los derechos fundamentales de la ciudadanía. En este sentido, Peña subrayó la importancia de abordar estos temas con cautela, pues un estado de emergencia conlleva implicaciones significativas que deben ser consideradas cuidadosamente antes de su aprobación.
