En una reciente comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, expuso las razones por las que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) decidió no solicitar la prohibición de contratar con el Estado a las empresas Pluxee y Edenred, ambas acusadas de colusión en el ámbito de los vales de alimentación. Grunberg advirtió que si se hubiera tomado tal medida, el Estado se habría encontrado con solo un proveedor disponible en un mercado ya limitado, lo que generaría riesgos significativos en la política pública y en la integración de varios servicios necesarios para el bienestar social. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre el impacto de las sanciones en la competencia y en la oferta de servicios públicos.
La FNE ha investigado la conducta de Pluxee, que operaba anteriormente bajo el nombre de Sodexo, y de Edenred, revelando que durante más de ocho años coordinaron la asignación de clientes, precios y condiciones en licitaciones que afectaron a un mercado altamente concentrado. Grunberg, junto a otros funcionarios de la FNE, presentó su informe subrayando que las dos empresas acumulaban más de 80% de participación en el sector de vales de alimentación, lo que creó barreras significativas para nuevos competidores. Esta concentración de mercado ha levantado inquietudes sobre la sostenibilidad de la competencia, que la propia FNE se ha comprometido a proteger.
Frente a los cuestionamientos de los diputados sobre la efectividad de las sanciones económicas, Grunberg defendió que las multas son solo una de las herramientas a disposición para restablecer la competencia en el mercado. Se refirió a la reforma legal del 2016 que introdujo la posibilidad de emitir prohibiciones de contratación con organismos públicos, indicando que dicha opción debía considerarse con cautela. Esto se debe a que la eliminación de actores en un mercado ya oligopólico podría limitar aún más las opciones disponibles para los consumidores y las instituciones del Estado, complicando la finalidad última de proteger la libre competencia.
En cuanto a los mecanismos de control implementados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) para evitar la colusión, Grunberg comentó que han revisado las contrataciones realizadas por esta entidad y encontraron que, a pesar de las preocupaciones existentes, no se había probado la existencia de colusiones en licitaciones específicas. Subrayó que las licitaciones de Junaeb han incorporado mecanismos que disuaden la colusión, algo que se ha manifestado a lo largo de los últimos procesos de contratación. Esta información es clave, dado que la FNE se encuentra constantemente evaluando la efectividad de estas licitaciones.
Finalmente, el paquete de medidas y decisiones tomadas por la FNE serán un tema de seguimiento en las próximas sesiones de la comisión investigadora. El presidente de la instancia, Ignacio Urcullú, anticipó que se invitará a otros actores relevantes, como la contralora general de la República y el director de Junaeb, para profundizar en las implicaciones de este escándalo de colusión y en la formulación de estrategias que aseguren una competencia efectiva en el mercado de vales de alimentación. La intervención de la FNE y las decisiones políticas relacionadas marcarán la pauta en los próximos meses para el sector y sus actores.
