El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha tomado una decisión crucial al rechazar las modificaciones estructurales propuestas por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) respecto a la regulación de grupos económicos. En abril de 2025, Conadecus había solicitado un expediente para recomendar normativas que limitaran la concentración de poder en la economía chilena, buscando poner fin a un modelo que, según ellos, perjudica la competencia. Sin embargo, el TDLC, liderado por Nicolás Rojas, concluyó que no existen suficientes pruebas de efectos adversos que justifiquen tales restricciones, afirmando que las estructuras actuales ya cuenta con regulaciones adecuadas en términos de gobernanza corporativa y leyes societarias.
En su resolución, el TDLC enfatizó que no se impondrán límites a las estructuras piramidales de los grupos económicos ni restricciones a la propiedad de entidades financieras y no financieras. Esta decisión se basa en un análisis de la industria bancaria, donde se encontró que su nivel de concentración es manejable y que existen numerosas opciones de financiamiento en el mercado. El tribunal mencionó que la Ley General de Bancos ya protege a los consumidores de créditos preferenciales a personas relacionadas, lo que refuerza la idea de que no es necesario establecer más limitaciones para las relaciones entre la banca y el sector productivo.
A pesar de este rechazo a las restricciones, el TDLC sí accedió parcialmente a la petición de Conadecus en cuanto a la transparencia de la información sobre los grupos empresariales. Propuso que se modifique el proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales, que actualmente se tramita en el Congreso, para incluir relaciones de propiedad y gestión que no están contempladas en la normativa sectorial. Esta medida apunta a mejorar la identificación de vínculos entre entidades y personas dentro de los grupos económicos, lo que se alinea con el objetivo de aumentar la transparencia en el mercado.
La propuesta del TDLC busca abordar la falta de información que ha complicado la labor fiscalizadora de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Al identificar de manera más clara a los beneficiarios finales y a las interconexiones entre los diferentes actores del sistema económico, se espera mitigar los riesgos que esto representa para la libre competencia. La medida también responde a las denuncias sobre la dificultad que tenía la FNE para recopilar información necesaria sobre los grupos económicos más significativos, lo que podría tener un impacto positivo en el entorno competitivo del mercado chileno.
Como reacción a la decisión del TDLC, el abogado Mario Bravo, en representación de Conadecus, ha expresado que la organización está considerando apelar y llevar el caso a la Corte Suprema. Aseguró que la larga espera por esta resolución ha generado frustración, dado el tiempo que ha pasado sin que se tomen medidas concretas para abordar la concentración económica en el país. Este episodio refleja la tensión entre los intereses de grandes grupos económicos y la necesidad de proteger la competencia y la transparencia en el mercado, destacando la importancia de un marco regulatorio adecuado para el desarrollo sostenible de la economía chilena.
