La Corte de Apelaciones de Iquique ha emitido un fallo unánime que respalda la decisión de Gendarmería de trasladar a cuatro integrantes del Clan Chen a la cárcel de La Laguna, ubicada en Talca. Este fallo fue firmado por las ministras Marilyn Fredes y Mónica Olivares, así como por el ministro Andrés Provoste, marcando un avance significativo en el manejo judicial de este caso relacionado con la mafia china que ha generado gran interés y preocupación en la opinión pública.
El reciente revés sufrido por el gobierno en su plan Cancerbero había generado un escenario incierto. Hace algunos días, el juez de garantía de Iquique, Diego Reyes, había bloqueado el traslado de los imputados Longdi Chen, Wen Chen y Wu Chen desde la cárcel de Alto Hospicio, así como de Yonjie Chen desde el penal Santiago 1. El juez alegó que estos imputados tenían arraigo familiar tanto en Iquique como en Santiago, lo que justificaba su permanencia en esos recintos.
Ante este inesperado obstáculo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, tomó medidas inmediatas. Decidió que Gendarmería debía oponerse a la resolución del juez Reyes, lo que llevó a la institución a ser representada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta decisión se tradujo en la activación de un proceso judicial que buscaba demostrar la necesidad del traslado de los implicados, dada su peligrosidad y el perfil criminológico que poseen.
El CDE, actuando en representación de Gendarmería, solicitó al juez Reyes una reconsideración sobre su fallo, la cual fue rechazaba por el magistrado. En consecuencia, el CDE decidió apelar, mandando el caso a la Corte de Iquique. A pesar de los esfuerzos de los abogados defensores que argumentaron la inadmisibilidad de la apelación, la Corte de Apelaciones de Tarapacá desestimó esta solicitud y decidió avanzar al análisis del fondo del asunto.
Este reciente fallo de la Corte de Apelaciones no solo refuerza la postura del gobierno y de Gendarmería en el manejo de casos complejos de crimen organizado, sino que también subraya la importancia de la coordinación entre distintas instituciones del Estado para mantener el orden y la seguridad pública. Con el traslado de los imputados ya decidido, se espera que las medidas se implementen de manera efectiva para prevenir cualquier riesgo asociado con su permanencia en cárceles que podrían ser consideradas más permisivas.
