El abogado constitucionalista Clemente Recabarren, quien fue consultado por el gobierno de José Antonio Kast sobre la reforma de seguridad, se refirió a las modificaciones constitucionales necesarias para abordar la creciente inseguridad en Chile. En su intervención en el podcast _Cómo te lo explico_, Recabarren aclaró que, si bien no participó en la elaboración del proyecto, sí asistió a una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, donde se discutieron los aspectos positivos y negativos de la reforma ya ingresada. Según él, la reforma no presenta tintes autoritarios, aunque resaltó la importancia de revisar ciertos puntos, como la duración del estado de excepción propuesto.
A lo largo de la entrevista, Recabarren destacó que el gobierno está iniciando una discusión necesaria sobre la seguridad en el país. Afirmó que Chile enfrenta una nueva realidad en términos de criminalidad, lo que exige que la institucionalidad se adapte y cuente con herramientas que le permitan responder adecuadamente. Para Recabarren, la reforma es un primer paso en un debate que, a su juicio, debería ser transversal y abierto a diferentes opiniones y perspectivas sobre cómo abordar el fenómeno delictual que afecta a la sociedad.
Sin embargo, el abogado no eludió las críticas que surgen al analizar la propuesta en detalle. Reconoció que un nuevo estado de excepción de tipo policial podría ser una medida razonable, pero advirtió sobre los problemas que ya han sido ampliamente diagnosticados por expertos. Entre estos inconvenientes se encuentran la extensión del tiempo de aplicación y la falta de controles por parte del Congreso, algo que consideró crucial para garantizar un equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Recabarren sugirió que, si se va a implementar un nuevo estado de excepción, sería sensato ajustar los controles y las atribuciones relacionadas con los derechos que podrían ser suspendidos. Consideró que este tipo de revisiones deberían contar con la participación de especialistas que comprendan mejor los parámetros jurídicos que regulan estas cuestiones en el país. A su juicio, el enfoque que falta en el proyecto debe ser más cauteloso, especialmente dado el impacto potencial que tiene sobre los derechos de la ciudadanía.
Por último, el abogado hizo énfasis en la delicadeza de modificar la Constitución para restringir derechos sociales, argumentando que ello podría generar graves consecuencias para quienes ya han cumplido sus penas. Recabarren subrayó que muchos de estos derechos son fundamentales para asegurar un nivel mínimo de subsistencia para las personas, y propuso que se tuviera especial cuidado al incorporar normas que permitirían restricciones de este tipo bajo el nuevo artículo 9 bis. Su posición plantea un dilema sobre cuán lejos puede llegar el Estado en su búsqueda de seguridad, sin sacrificar garantías esenciales para la convivencia social.
