El presidente del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa, expresó su firme postura frente a la agenda de seguridad propuesta por el gobierno de José Antonio Kast, asegurando que «no se pueden privar derechos». Durante el segundo encuentro de directivas regionales de partidos de oposición, Urzúa destacó la necesidad de establecer «líneas rojas» que la coalición debe respetar, refiriéndose a la importancia de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. Esta declaración se enmarca en un contexto donde la seguridad se ha convertido en un tema candente, y donde los sectores políticos se ven presionados a actuar ante la creciente preocupación pública por la delincuencia.
Urzúa también hizo hincapié en la relevancia de una colaboración efectiva dentro de la oposición y la necesidad de articularse con la «derecha progresista» para enfrentar el desafío de la seguridad desde una perspectiva integral. A su juicio, algunas de las propuestas planteadas por el gobierno requieren una capacidad de operación y coordinación que actualmente se encuentra ausente en el Estado. En este sentido, Urzúa instó a sus colegas a ir más allá de los discursos y trabajar en soluciones concretas que aborden las raíces del problema de la delincuencia, que afecta a la sociedad en su conjunto.
Una crítica significativa que Urzúa planteó se refiere al autocrítico diagnóstico ofrecido por la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, quien reconoció que el progresismo ha llegado tarde a abordar la seguridad de manera efectiva. Urzúa coincidió con Yeomans, pero subrayó que muchos sectores dentro del progresismo ignoraron las alarmas sobre la creciente violencia, lo que llevó a que la agenda de seguridad no fuese tratada con la urgencia necesaria durante el gobierno de Gabriel Boric. Este mea culpa revela una autocrítica del sector, abriendo la puerta a un diálogo más abierto y efectivo sobre políticas de seguridad.
En términos de propuestas concretas, el líder del PL aseguró que su partido está dispuesto a presentar una serie de medidas destinadas a mejorar la situación de seguridad en el país. Entre las iniciativas que pretenden llevar al ministro de Seguridad, Martin Arrau, se encuentran el aumento de recursos para la Armada, la creación de una policía fronteriza y la necesidad de tipificar como delito el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. Estas medidas, según Urzúa, son indispensables para abordar el problema desde un enfoque más estructural y prevenir que la delincuencia siga avanzando.
Finalmente, Urzúa cuestionó el enfoque del debate político alrededor de la seguridad pública, particularmente la propuesta de elevarla a rango constitucional. Según su perspectiva, tales modificaciones no tocan de raíz los problemas existentes y requieren un cambio de enfoque hacia acciones prácticas que permitan una verdadera transformación en la materia. Nos instó a olvidar la «parafernalia» y a concentrarnos en soluciones eficaces que realmente impacten la seguridad de la población, enfatizando que «más que preocuparse de cambiar la Constitución, hay que ir a la profundidad y realmente resolver el problema».
