La reciente propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad, presentada por el gobierno de José Antonio Kast, ha suscitado una creciente controversia en el ámbito político y social chileno. En particular, la disposición que permite la duración de un estado de excepción de hasta 240 días sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso ha despertado serias inquietudes. Según el análisis de varios actores políticos, esta extensión resulta alarmante, ya que podría llevar a una erosión de los derechos fundamentales en el país, un aspecto que se vuelve central en la discusión sobre la seguridad y la protección de la democracia.
Marisol Peña, quien ocupó el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional, ha expresado su preocupación respecto a esta medida, señalando que durante un estado de excepción se pueden restringir o incluso suspender derechos constitucionales. «Es preocupante. Hay que decirlo de esa manera», afirmó en una entrevista reciente. Esta advertencia resalta la necesidad de que el debate en el Congreso se enfoque no solo en la eficacia de la normativa para combatir la delincuencia, sino también en la protección de los derechos civiles que se verían afectados.
El componente de la duración del estado de excepción ha quedado en el centro de la controversia. Peña argumenta que los derechos de los ciudadanos no deben verse limitados, independientemente de la gravedad de la situación que se busca abordar. La ex presidenta del TC aboga por un análisis profundo y un posible «perfeccionamiento» de la norma durante su tramitación en el Congreso, de modo que se respete el marco del estado de derecho. La dicotomía entre la seguridad y la libertad individual conforma el núcleo del debate actual, generando diversas posturas entre legisladores.
Mientras tanto, el actual ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la propuesta del Ejecutivo, señalando que se trata de un proyecto abierto a discusión. Barros enfatizó que es fundamental que la legislación que se apruebe sea ágil y adaptable a la realidad de la violencia en la Macrozona Sur, que ha sido escenario de conflictos en años recientes. Según su perspectiva, las modificaciones son bienvenidas, siempre y cuando faciliten el funcionamiento de las leyes, evitando la tramitación continua que podría dilatar la respuesta del Estado frente a situaciones críticas.
A medida que el debate avanza en el Congreso, queda claro que la discusión sobre la reforma constitucional en materia de seguridad no solo implica decisiones sobre estrategias de control de la delincuencia, sino también una reflexión más profunda sobre el futuro de la democracia en Chile. La necesidad de un equilibrio entre medidas de seguridad y la garantía de los derechos humanos sigue siendo un tema relevante que, según diversos analistas, deberá abordarse con seriedad y responsabilidad para evitar retrocesos en la protección de las libertades individuales.
