La reciente citación al **Gobierno Regional Metropolitano (GORE)** por parte de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización ha dejado en el aire muchas preguntas sobre la ejecución de una auditoría externa de **$55 millones**. Esta auditoría, que abarca los estados financieros de los años **2021 a 2024**, ha sido anulada por el Tribunal de Contratación Pública debido a irregularidades en el proceso de adjudicación, lo que ha generado una gran expectación sobre el futuro de este proyecto. La nueva sesión de la comisión está programada para el **24 de agosto**, y los representantes del GORE deberán proporcionar claridad sobre cómo se ha manejado la situación, después de no haber presentado información en la convocatoria anterior.
Durante la última reunión de la Comisión, los representantes del GORE participaron activamente en otras discusiones, pero dejaron sin resolver el tema de la auditoría, incrementando la desconfianza entre los miembros del consejo. El presidente de la Comisión, **Sergio Morales**, enfatizó que el propósito de la nueva citación no es discutir la sentencia del tribunal, sino obtener detalles cruciales sobre el estado de la auditoría, los productos entregados y los pagos realizados. Morales subrayó la importancia de esclarecer la situación actual, argumentando que la falta de información solo ha llevado a más interrogantes sobre la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos.
El fallo que anuló la adjudicación de la auditoría a **Surlatina Auditores Limitada** se debe a que no cumplió con los requisitos esenciales al momento de presentar su propuesta. El tribunal consideró que la falta de documentos clave, como la metodología y la Carta Gantt, constituía un error significativo que afectaba la esencia del contenido técnico. Este juicio ha puesto en entredicho la validez del proceso de auditoría y obligará al GORE a justificar cómo afecta esta situación a la integridad del fiscalizador. La resolución formulada el **29 de mayo de 2026** indicó que permitir que el adjudicatario completara su propuesta después de la apertura de las ofertas fue un privilegio indebido que vicia el procedimiento como tal.
Las preguntas que se plantean para el GORE son fundamentales, especialmente dado el periodo de auditoría relevante, que abarca años donde se han suscitado numerosas críticas sobre la gestión de recursos. La Comisión busca averiguar cuántos de los informes fueron completados, qué se ha pagado a **Surlatina**, y qué acciones se han tomado tras la sentencia del tribunal. Morales insistió en que la transparencia es esencial, y dado que el período auditado es tan sensible, la comunidad tiene derecho a buscar respuestas claras sobre cómo se manejarán los recursos del gobierno regional en el futuro.
En respuesta a estos cuestionamientos, el **Gobierno de Santiago** ha defendido la continuidad de la auditoría, asegurando que se respetan las decisiones judiciales y que se debe dar espacio a los organismos para realizar su trabajo. A pesar de la controversia, el GORE se comprometió a colaborar con todos los mecanismos de control, reafirmando que ellos mismos fueron los responsables de impulsar la auditoría. Sin embargo, las dudas persisten sobre cómo se manejará el futuro proceso licitatorio y si se necesita retroceder a estudios anteriores o si la necesidad pública se ha cumplido con los informes que se han entregado hasta la fecha.
