La indignación crece entre los propietarios del Lote B de la Villa Panamericana, quienes han decidido demandar a la constructora DLP y a la Inmobiliaria Parque Cerrillos por daños graves en sus departamentos y espacios comunes. Esta acción legal, presentada por Abogabir Miranda Abogados, implica a 311 propietarios que exigen a las empresas responsables una compensación cercana a los 17,7 millones de dólares. Las irregularidades estructurales, eléctricas y de habitabilidad detectadas a tan solo un mes de la entrega de los departamentos han llevado a estos propietarios a emprender una de las demandas colectivas más significativas en la historia reciente en Chile, bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
Los problemas reportados por los vecinos son alarmantes. Desde filtraciones de agua y humedad hasta la aparición de hongos en los departamentos, han denunciado que las condiciones de habitabilidad son inaceptables. Un exhaustivo estudio pericial que analizó 288 de las viviendas ha revelado grietas en los muros, ascensores inseguros, ventanas mal instaladas, cerámicas sueltas, pisos desnivelados y serios problemas eléctricos. Estas fallas no solo representan un riesgo para la seguridad de los residentes, sino que también socavan la calidad de vida de las familias afectadas, quienes se enfrentan día a día a un entorno cada vez más inhóspito.
El abogado Nicolás Vassallo, representante de los demandantes, condenó la actitud de las empresas ante las múltiples denuncias de los afectados. Vassallo enfatizó que muchas familias que esperaban adquirir un hogar ahora se encuentran sumidas en una situación crítica, manifestando que ‘en lugar de comprar un departamento como el que se les ofreció, nuestros representados terminaron comprando un problema’. La demanda no solo busca justicia por los daños materiales, sino que también incluye indemnizaciones por daño moral, reflejando el sufrimiento emocional que han enfrentado debido a la negligencia de las constructoras.
Además de las responsabilidades de DLP y la Inmobiliaria Parque Cerrillos, el comunicado del estudio jurídico sugiere que también podrían implicarse a entidades gubernamentales como el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Sin embargo, hasta el momento, estas instituciones no han sido incluidas como demandadas en la causa. Esto plantea interrogantes sobre los protocolos de entrega y supervisión de estos proyectos habitacionales, así como sobre la responsabilidad de las autoridades en la verificación de la calidad de las construcciones.
En el contexto actual, donde la vivienda es un derecho fundamental y un tema de alta relevancia social, los propietarios del Lote B de la Villa Panamericana esperan que su demanda sirva como un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores y la exigencia de estándares adecuados en la construcción. La comunidad afectada no solo busca la reparación de los daños, sino que también anhela un cambio en la supervisión y regulación de la construcción en el país, para que situaciones como esta no se repitan y cada familia pueda vivir en condiciones dignas y seguras.
